El presentador de noticias mexicano Ciro Gómez Leyva estaba conduciendo a casa desde el trabajo una noche de diciembre de 2022 cuando un pequeño automóvil se desvió en el camino de su Jeep Cherokee y se detuvo. Casi de inmediato, dos personas en una motocicleta se acercaron al Jeep y un hombre armado abrió fuego con una pistola, rociando balas de 9 mm en la ventana del lado del conductor, el parabrisas y el capó del Jeep.
Gómez, también conductor de un popular programa de radio, sobrevivió al ataque gracias al blindaje y el vidrio a prueba de balas de su Jeep, precauciones consideradas necesarias por algunos periodistas en uno de los países más peligrosos del mundo para los trabajadores de los medios. Trece periodistas más fueron asesinados ese mismo año en México.
Los investigadores en la Ciudad de México identificaron rápidamente a los sospechosos y los pusieron bajo vigilancia, y pronto llegaron a sospechar que un hombre apodado “El Patrón” había sido el autor intelectual del intento de asesinato.
El jueves, ese hombre, un abogado mexicano llamado Armando Escárcega Valdez, compareció en un tribunal federal en San Diego para lo que se suponía que iba a ser una audiencia para establecer si México había presentado pruebas suficientes para justificar su extradición. En su lugar, Escárcega renunció a sus derechos limitados y aceptó ser entregado a México.
El abogado de Escárcega, David Baker, dijo al juez magistrado de EE.UU., Daniel Butcher, que aunque su cliente no admitía su culpabilidad, estaba de acuerdo en que había causa probable suficiente para cumplir con los requisitos de extradición.
Un juez mexicano emitió una orden de arresto contra Escárcega en enero de 2023 después de que los investigadores allanaran su hogar y oficina en la Ciudad de México y descubrieran pruebas que supuestamente lo vinculaban con el ataque a Gómez y otros delitos, según documentos judiciales. Los equipos de vigilancia encubiertos y las escuchas telefónicas también produjeron pruebas de la presunta participación de Escárcega en la planificación del ataque.
El abogado evitó la captura durante unos nueve meses, buscando esconderse en los EE. UU., pero fue arrestado en octubre cerca de Bakersfield. Luego fue llevado a San Diego, donde un juez federal había emitido una orden de arresto relacionada con la solicitud de extradición.
Esteban Moctezuma Barragán, el embajador mexicano en EE.UU., solicitó formalmente la extradición de Escárcega en marzo.
Si Escárcega hubiera optado por impugnar la extradición en la audiencia del jueves, él y su abogado habrían enfrentado una tarea desalentadora. Como expusieron los fiscales federales en documentos judiciales antes de la audiencia, los fugitivos que enfrentan la extradición tienen pocos derechos, ya que las audiencias de extradición están diseñadas solo para establecer causa probable, no culpabilidad o inocencia.
En una audiencia de este tipo, un fugitivo no tiene derecho a contrainterrogar a los testigos ni a presentar pruebas que contradigan las pruebas del gobierno, según los fiscales federales. El fugitivo solo puede presentar pruebas que expliquen más las pruebas del gobierno. Y a diferencia de la mayoría de los procedimientos judiciales normales de EE.UU., el gobierno también puede presentar pruebas de oídas contra el fugitivo.
Incluso el papel del juez en el proceso es limitado. Una vez que se ha establecido la causa probable, la decisión final sobre la extradición recae en el secretario de Estado.
“El Secretario toma en cuenta las reclamaciones humanitarias y los estatutos, tratados o políticas aplicables con respecto al tratamiento adecuado en el país solicitante”, escribieron los fiscales.
Escárcega enfrenta un cargo criminal en México similar a un cargo de conspiración, con delitos subyacentes relacionados con drogas, extorsión e intento de asesinato.
Original story in English:
Mexican attorney linked to botched hit on journalist agrees to extradition from San Diego