Saturday, October 5, 2024
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California recauda millones de dólares en salarios robados pero tiene dificultades encontrando a los trabajadores estafados

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Casi un año después de que California resolviera un importante caso de robo de salarios con The Cheesecake Factory, la mayor parte del dinero no ha llegado a los trabajadores, lo que subraya los desafíos del estado para ayudar a los empleados a recuperar su salario retroactivo.

Según un portavoz de la Oficina del Comisionado Laboral, sólo 42 de los ex conserjes que trabajaban para los contratistas de la cadena de restaurantes han recibido su parte del acuerdo. Más de 500 trabajadores no han sido encontrados, por lo que casi 700,000 dólares del millón de dólares del acuerdo no han sido reclamados en las cuentas estatales.

Los funcionarios dijeron que a los conserjes se les negó el pago de horas extras y descansos pagos en ocho restaurantes de San Diego y el condado de Orange, cuando los trabajadores contratados por la subcontratista de limpieza Zulma Villegas fueron obligados a quedarse hasta tarde por los gerentes de Cheesecake Factory.

La Oficina del Comisionado Laboral firmó el acuerdo en octubre pasado y lo anunció en enero. Desde entonces, ha publicado mensajes en las redes sociales pidiendo a los trabajadores que se presenten, realizó una entrevista televisiva en un canal en español de San Diego y mantuvo una línea directa para los trabajadores. Están pidiendo a los conserjes que trabajaron en los restaurantes Cheesecake Factory en Brea, Irvine, Huntington Beach, Newport Beach, Mission Viejo, Escondido y San Diego entre el 31 de agosto de 2014 y el 31 de agosto de 2017 que llamen al (619) 767-2039.

Alma Idelfonso dijo que en el restaurante Escondido, a su equipo de cuatro personas se le asignó demasiada tarea para limpiar en ocho horas, lo que los obligó a trabajar hasta 10 o 12 horas. Ella lo hizo sin descansos, dijo, y los productos químicos que utilizó para limpiar la grasa le quemaron el pecho.

“Nos dijeron que no, que no iban a pagar a cinco personas”, dijo.

A principios de este año, recibió 20,000 dólares en salarios atrasados, que le ayudaron a comprar un coche y a mantener económicamente a sus hijos. Pero, según dijo, era poco en comparación con lo que cree que le debían.

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“A veces trabajaba 30 días seguidos, no descansaba”, dijo. “Siento que era muy poco lo que recibíamos. Siento que mis compañeros también recibieron poco, porque recibieron aún menos”.

Aun así, algunos de los pagos no reclamados podrían cambiar la vida de un trabajador con bajos salarios.

La cantidad que cada trabajador puede reclamar depende de cuántas horas de trabajo no remunerado estiman los investigadores estatales que realizaron durante el período de tres años en el que auditaron la nómina de los empleadores. Los registros censurados en el caso de Cheesecake Factory obtenidos por CalMatters muestran que a más de 100 trabajadores se les debe menos de $50 cada uno, pero muchos otros pueden reclamar miles de dólares, y el pago más alto es de más de $35,000.

El acuerdo no es el único en el que, incluso después de que el estado obtiene el pago de los empleadores a los que ha acusado de robo de salarios, cientos de miles de dólares siguen sin reclamar.

El objetivo es “devolver finalmente este dinero a los bolsillos de los trabajadores afectados, no sólo ganar los acuerdos”, dijo Daniel Gaxiola, comisionado laboral adjunto senior.

En septiembre, su oficina anunció otro acuerdo: 1.7 millones de dólares contra el propietario de cinco restaurantes Wingstop de Bakersfield por supuestas infracciones de horas extra. La oficina está pidiendo a unos 550 trabajadores que se presenten y reclamen el pago atrasado.

No hay fecha límite para que los trabajadores reclamen el dinero, pero Gaxiola reconoció que en el caso de Cheesecake Factory es difícil encontrarlos. Los trabajadores con salarios bajos, en quienes se centra el estado cuando investiga violaciones laborales, suelen ser inmigrantes y, a veces, indocumentados. Es posible que se hayan mudado, dijo, o que ya ni siquiera estén en Estados Unidos.

El tiempo añade otro desafío. El estado citó a la cadena de restaurantes, a su contratista Americlean y al subcontratista Villegas en 2018, por un total combinado de 4 millones de dólares. El otoño pasado llegó a un acuerdo por una cuarta parte de esa cantidad, después de un proceso de apelación administrativa que duró años y que se retrasó en parte por la pandemia de COVID-19. Ahora, los trabajadores que son elegibles para un pago limpiaron los restaurantes hace entre siete y diez años.

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Como parte del acuerdo, ninguna de las empresas admitió su culpa, pero Americlean y Villegas se disculparon con los trabajadores y la cadena de restaurantes aceptó supervisar a sus contratistas de limpieza durante dos años.

Labor Commissioner, Lilia Garcia-Brower speaks at a press conference at the Labor Commissioner's Office in San Diego on Jan. 23, 2024. Photo by Ariana Drehsler for CalMatters
La comisionada laboral Lilia García-Brower habla en una conferencia de prensa en la Oficina de la Comisionada Laboral en San Diego el 23 de enero de 2024. Foto de Ariana Drehsler para CalMatters

El estado ha tenido un mejor historial en otros casos resueltos, dijo la oficina a CalMatters.

En un acuerdo por robo de salario anunciado en 2022 contra los centros de atención residencial Adat Shalom en Los Ángeles, el estado ha pagado 1.8 millones de dólares a 63 trabajadores, mientras que 86 trabajadores a quienes se les debe más de 700,000 dólares no han sido encontrados.

En un caso contra los restaurantes Ruby Rangoon en el norte de California que concluyó en 2019, el estado ha pagado 3.5 millones de dólares a 238 trabajadores. Pero quedan casi 400.000 dólares sin pagar a otros 141. En un acuerdo de 1 millón de dólares en el famoso restaurante Z&Y de San Francisco, los 22 trabajadores involucrados están recibiendo sus pagos, según la oficina.

Algunos casos concluyen o se resuelven más rápido que otros, y los empleadores han mantenido mejores registros de sus trabajadores, dijo Gaxiola.

“Podríamos tener una experiencia diferente, donde el empleador no mantuvo la información de contacto o no realizó los procesos necesarios para mantener datos documentados de los trabajadores, y entonces eso hace que nuestro trabajo sea mucho más difícil de establecer contacto”, dijo.

El portavoz de la Oficina del Comisionado Laboral, Charles Hamilton, no respondió a una pregunta de CalMatters sobre si el estado, utilizando registros de nómina que obtiene durante las investigaciones, intenta comunicarse con los trabajadores elegibles por teléfono.

“Se da prioridad a las preocupaciones sobre la privacidad para evitar que se haga público que ciertos trabajadores pueden estar recibiendo pagos significativos, lo que podría exponerlos a atención no deseada y posibles represalias”, escribió Hamilton.

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Escribió que los funcionarios envían cartas a los trabajadores utilizando su última dirección conocida, pero que por lo demás dependen de los informes de los medios de comunicación y de los grupos comunitarios para hacer llegar la información a los trabajadores. En el caso de Cheesecake Factory, se trata del Maintenance Cooperation Trust Fund, un grupo de defensa de los trabajadores de limpieza que ayudó al estado a investigar el caso.

El grupo ha mantenido su propia línea directa para el caso, pero la cerró después de seis meses. La directora ejecutiva del fondo, Yardenna Aaron, dijo que ayuda a difundir la información organizando a los conserjes que desarrollan relaciones personales con sus compañeros de trabajo.

“Parte de la especialidad de nuestro trabajo y de nuestra atención a casos… es nuestra capacidad de mantener a nuestros trabajadores comprometidos sin importar cuán corto o cuán largo sea el caso”, dijo Aaron.

Cuando los trabajadores se ponen en contacto con el estado, la oficina no lleva un registro de cómo se enteraron del acuerdo, dijo Gaxiola. En cambio, el enfoque está en verificar que la persona trabajó para las empresas durante el tiempo que el estado investigó.

Idelfonso, que estuvo entre los trabajadores que primero denunciaron las violaciones al grupo de Aaron, recurrió a las redes sociales para contarles a otros trabajadores que se había llegado a un acuerdo. Incluso intenta difundir la información cuando está en la tienda y tiene a mano el número de la línea directa.

Ella dijo que si bien el monto del acuerdo le pareció decepcionante, aún así recomendaría a los compañeros de trabajo que denuncien las violaciones para tener la oportunidad de recuperar parte del pago atrasado.

“Ese dinero me ayudó”, dijo. “Vale la pena luchar… para que entiendan que ya no pueden abusar de la gente”.

El reportero del Capitolio de CalMatters Alexei Koseff contribuyó a esta historia

  • Este artículo fue publicado originalmente en inglés por CalMatters.

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