Para miles de habitantes de San Diego que luchan por llegar a fin de mes, la inseguridad alimentaria y el hambre están a solo una crisis de distancia.
Eso es lo que le pasó a Brenda Bautista Zirangoa, una indígena purépecha indocumentada de 44 años, madre de tres hijos, que es una empresaria que se gana la vida enseñando a su comunidad sobre alimentación saludable. Pero cuando llegaron las tormentas de enero e inundaron su casa en San Diego, su equipo de cocina, que es crucial para su pequeña empresa, quedó destruido.
“Tener que mantener a mi familia sin ingresos y con gastos inesperados de mi negocio fue horrible, y tener acceso a CalFresh me habría ayudado a poner comida en la mesa y un problema menos del que preocuparme”, dijo Brenda a Food4All, una coalición de grupos estatales contra el hambre y los derechos de los inmigrantes, incluida la San Diego Hunger Coalition.
Un nuevo análisis de datos realizado por el Instituto de Políticas Públicas de California, Nourish California y el Centro de Políticas para Inmigrantes de California muestra que Brenda no está sola. Según los datos, el condado de San Diego tiene la tasa más alta de californianos indocumentados que viven en la pobreza, un 44 por ciento, en comparación con otras regiones del estado.
El aumento de los costos de los alimentos y la vida cotidiana ha empeorado las dificultades en todo el estado, en particular entre los inmigrantes indocumentados sin hogar y mal pagados. Las familias de San Diego están experimentando las dolorosas consecuencias de salarios más bajos y precios más altos de vivienda, gasolina y alimentos. Un informe reciente de la Oficina del Analista Legislativo Estatal, una entidad no partidista, muestra que para un adulto soltero que trabaja por el salario mínimo y tiene un hijo, la vivienda es inasequible en casi todos los condados de California, especialmente en San Diego.
La Coalición contra el Hambre de San Diego estima que, a partir de marzo, 840.000 habitantes de San Diego, o el 25 por ciento de ellos, no pueden proporcionar tres comidas nutritivas al día para sí mismos o sus familias. Esto incluye a niños, adultos mayores y personas con discapacidades.
Nuestro estado tiene un poderoso programa contra el hambre, CalFresh, que mantiene a millones de californianos fuera de la pobreza cada año, pero deja atrás a muchas familias inmigrantes y trabajadores. A pesar de los millones de comidas que se obtuvieron de la asistencia alimentaria, el condado de San Diego no logró ser considerado una región con seguridad nutricional por 8,5 millones de comidas en diciembre. Si bien el gobernador Gavin Newsom asumió un compromiso histórico de ampliar el acceso a los beneficios alimentarios para los inmigrantes californianos de 55 años o más, el presupuesto estatal 2024-25 firmado el 29 de junio retrasa la expansión de 2025 a 2027. Esto significa que cientos de miles de californianos, incluidos los de San Diego, seguirán sin acceder a programas alimentarios críticos, únicamente debido a su estatus migratorio.
Para abordar de manera efectiva la creciente inseguridad alimentaria, la pobreza y la falta de vivienda, California debe eliminar las exclusiones antiinmigrantes dentro de CalFresh. Podemos aportar equidad a la red de seguridad alimentaria de nuestro estado haciendo realidad Food4All.
Garantizar que los inmigrantes californianos reciban un trato justo y tengan alimentos suficientes es importante para lograr un estado equitativo y próspero, donde la prosperidad sea compartida por todos. Los niños que reciben CalFresh obtienen mejores resultados académicos, lo que mejora la salud y los resultados económicos a largo plazo. Nuestros niños, incluido 1 de cada 10 niños de California que viven con un padre indocumentado, no pueden concentrarse en aprender si tienen hambre.
Los inmigrantes californianos de todas las edades, como Brenda y otros residentes indocumentados de San Diego, están sufriendo en este momento y no pueden darse el lujo de esperar más para tener acceso a la asistencia alimentaria básica estatal. Los líderes de nuestro estado tienen la obligación moral de promulgar políticas audaces y proponer una visión para nuestra nación en la que todos los californianos, independientemente de su estatus migratorio, tengan los alimentos que desean y necesitan.
Alvarado es presidente y director ejecutivo de la Coalición contra el Hambre de San Diego y vive en Bay Terraces.
Opinion: San Diego County has the highest rate of undocumented Californians living in poverty