Andrea Cardenas, quien derrotó a un miembro titular del concejo de Chula Vista en su primera candidatura a un cargo público en 2020 y luego renunció a mitad de su mandato, fue sentenciada a libertad condicional y servicio comunitario el miércoles después de declararse culpable de dos delitos graves a principios de este año.
Cardenas recibió dos años de libertad condicional y se le ordenó completar 100 horas de voluntariado en cualquier organización sin fines de lucro dentro de seis meses. La joven de 32 años podría haber recibido hasta un año en la cárcel del condado, según su acuerdo de culpabilidad.
En febrero, Andrea Cardenas y su hermano mayor, Jesús Cardenas, admitieron haber robado más de $175,000 en fondos federales de ayuda por COVID-19 y haber recaudado ilegalmente un total de $55,600 en beneficios de desempleo estatal.
Aunque se le permitió hacerlo, Andrea Cardenas no solicitó que los dos cargos de robo mayor fueran reducidos a delitos menores. Emitió una declaración ante el tribunal, disculpándose primero “con mi comunidad y mi familia por mis acciones”.
“Los últimos 10 meses han sido los más difíciles de mi vida”, dijo, añadiendo que ha recibido amenazas en línea y ha sido “gritada en la calle frente a mi casa”.
“No me considero una víctima… pero mis padres son mi prioridad número uno”, dijo mientras se quebraba. “Ellos dependen de mí para atender sus necesidades”.
Los fiscales pidieron seis meses de cárcel en el condado de San Diego para Andrea Cardenas. Evitó el tiempo tras las rejas, al igual que su hermano mayor, quien se declaró culpable de los mismos dos cargos en febrero.
En marzo, Jesús Cardenas fue sentenciado a 45 días en un centro de reinserción social y dos años de libertad condicional por su participación en el robo de más de $200,000 a los contribuyentes estatales y federales.
Los hermanos fueron acusados por primera vez de un total combinado de 12 delitos graves el otoño pasado, relacionados con un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago tomado por la firma de consultoría política Grassroots Resources.
El negocio, fundado por Jesús Cardenas hace casi una década, empleaba a Andrea Cardenas y ayudaba a elegir a numerosas personas en todo el condado de San Diego, incluida su hermana y la actual presidenta de la Junta de Supervisores, Nora Vargas.
Jesús Cardenas dirigía Grassroots Resources mientras también trabajaba como jefe de personal del concejal de la ciudad de San Diego, Stephen Whitburn, a pesar de que la compañía fue suspendida por la Junta de Impuestos de Franquicias del Estado a principios de 2022.
Según la denuncia penal, los fiscales dijeron que los hermanos Cardenas solicitaron fondos de ayuda en 2021 y usaron el dinero para pagar gastos personales, como en restaurantes y un hotel y club nocturno en México.
Parte del dinero también se utilizó para pagar facturas de tarjetas de crédito y deudas restantes de la campaña al concejo de Andrea Cardenas.
Los hermanos lograron asegurar los fondos federales alegando ante la Administración de Pequeñas Empresas de los EE. UU., que Grassroots Resources tenía casi tres docenas de empleados. Los trabajadores nombrados en realidad eran empleados de Harbor Collective, un dispensario de cannabis en San Diego y cliente de Grassroots Resources, como descubrieron más tarde los investigadores.
Los fiscales reconocieron desde el principio que Jesús Cardenas tenía una posición de dominio en los esquemas y liderazgo en su relación con Andrea Cardenas.
En un informe de sentencia de 27 páginas para Jesús Cardenas, dijeron que “ella ha sufrido mayores penas por su conducta delictiva”.
Por un lado, dijeron, Andrea Cardenas ya no es miembro del concejo. Renunció en febrero, 10 meses antes del final de su primer mandato, en un intento de controlar su salud mental porque el caso penal había “afectado su bienestar”, dijo entonces su abogado, Pedro Bernal.
Andrea Cardenas había enfrentado una creciente presión por parte de los residentes y funcionarios para que renunciara a su escaño en el concejo, así como a su servicio en juntas externas, como la Asociación de Gobiernos de San Diego.
Su situación fue el centro de un debate público sobre los desafíos de mantener la confianza pública mientras se enfrentan cargos penales.
También reavivó una conversación entre los funcionarios de la ciudad sobre la posibilidad de otorgar al Concejo Municipal la capacidad de suspender a un miembro del concejo acusado de un delito grave. Las reglas actuales solo permiten que el concejo suspenda a un funcionario una vez que ha sido condenado.
Los fiscales dijeron que Andrea Cardenas también sufrirá una mayor pérdida financiera. Dijeron que ella indicó durante las negociaciones que planeaba refinanciar o vender su casa para pagar la restitución que debe y la totalidad del préstamo PPP, que se debe de manera conjunta.
Bernal argumentó el miércoles que encarcelar a Andrea Cardenas cuando su hermano no fue encarcelado habría sido una sentencia demasiado dura.
También le dijo al tribunal que su cliente es una persona que creció en un hogar inmigrante y enfrentó dificultades como la falta de vivienda y la inseguridad alimentaria. Ella tampoco tiene antecedentes penales e hizo “lo honorable” al admitir sus delitos y renunciar a su cargo.
Pero Chandelle Boyce, fiscal adjunta del distrito, dijo que Andrea Cardenas minimizó su culpabilidad al decirle a un oficial de libertad condicional que “no estaba completamente al tanto de lo que estaba pasando”.
“¿Qué quiso decir con eso?” preguntó Boyce. “No es una niña. Es una mujer inteligente y muchas de las acciones en este caso fueron simples”.
Varios registros públicos recientemente publicados han planteado preguntas sobre si los hermanos pudieron haber continuado con prácticas comerciales similares que llevaron a la Fiscalía del Distrito a presentar cargos.
Los reguladores electorales estatales, por ejemplo, están investigando miles de dólares en gastos de campaña por parte de un comité de acción política directamente vinculado a los Cardenas, informó The San Diego Union-Tribune el pasado fin de semana.
A principios de este año, los fiscales argumentaron sin éxito que Jesús Cardenas debería estar prohibido de trabajar en el negocio de consultoría política.
Le dijeron al juez que debería ser suspendido de la consultoría en parte porque le dijo al Departamento de Libertad Condicional que había estado cooperando con otra firma de consultoría política que no presentó las declaraciones de financiamiento de campaña adecuadas ni pagó sus impuestos.
“No hay suficiente supervisión para garantizar que los delitos pasados no se repitan”, dijeron en su informe de sentencia para Jesús Cardenas.
La jueza Rachel Cano dijo que aunque cree que los políticos deberían ser sujetos a un estándar más alto, veía a Andrea Cardenas como alguien comprometido a pagar su deuda.
Andrea Cardenas tendrá que comenzar a pagar la restitución por el préstamo federal de ayuda y lo que robó de la oficina de empleo estatal. También podrá trabajar con Jesús Cardenas, incluso si es en consultoría política, siempre y cuando sea legal y cumpla con las leyes de financiamiento de campaña.
Desde su renuncia y durante todo su caso penal, Andrea Cardenas ha mantenido un perfil bajo.
Según los registros de inscripción, se inscribió para estudiar en la Academia de Arte de la Universidad de San Francisco. Está cursando una maestría en diseño gráfico y medios digitales.
Boyce dijo que la investigación sobre los Cardenas estaba esencialmente cerrada, aunque los fiscales se asegurarán de que los hermanos no violen los términos de sus libertades condicionales.
Former Chula Vista councilwoman gets probation after pleading guilty to 2 felonies
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