Tres entidades desconocidas están compitiendo para convertir la torre de oficinas vacía y contaminada con asbesto en 101 Ash St., propiedad de la ciudad de San Diego, en unidades residenciales para familias de bajos o extremadamente bajos ingresos.

Las propuestas de viviendas subsidiadas surgieron después de que la ciudad rompiera relaciones con un postor anterior para la problemática propiedad, dijo Jay Goldstone, asesor especial del alcalde Todd Gloria, al Union-Tribune. Estas serán presentadas al Concejo Municipal en una sesión a puerta cerrada programada tentativamente para el 23 de septiembre.

Goldstone dijo que no podía revelar los nombres de los tres nuevos postores ni los detalles específicos relacionados con las propuestas, las cuales han sido revisadas por la consultora inmobiliaria Keyser Marston Associates.

Goldstone compartirá las ofertas no solicitadas con los miembros del Concejo en la reunión a puerta cerrada. También hará una recomendación, en nombre del alcalde, para seguir adelante con una o más de las propuestas o, nuevamente, ofrecer 101 Ash en arrendamiento o venta junto con un grupo de bloques municipales adyacentes.

Este nuevo giro es el último en la prolongada búsqueda de la ciudad para cerrar el capítulo sobre un edificio que se ha convertido en símbolo del desperdicio cívico.

Construida en 1967, la torre de oficinas de 21 pisos en 101 Ash St. ha estado mayormente vacía desde mediados de 2015, cuando Sempra Energy se mudó. A principios de 2017, la ciudad firmó un acuerdo de arrendamiento con opción de compra por 20 años con Cisterra Development, con la expectativa de albergar a parte de su personal en el edificio de 314,544 pies cuadrados. Sin embargo, después de completar una remodelación más grande de lo esperado, la ciudad abandonó el plan debido a problemas de asbesto y otros inconvenientes. Le siguieron demandas judiciales.

En 2022, la ciudad compró la torre vacía en un acuerdo de liquidación controversial que aún está siendo disputado. Una demanda de contribuyentes presentada por el ex fiscal de la ciudad de San Diego, Michael Aguirre, que actualmente está en la corte de apelaciones estatal, busca anular la transacción.

Poco después de comprar el edificio, la ciudad decidió venderlo.

El año pasado, la ciudad puso a la venta el bloque de Ash Street junto con su complejo cívico de cuatro bloques, que alberga el envejecido Edificio de Administración Municipal y otras instalaciones. Los ocho acres de bienes inmuebles municipales se pusieron a disposición para la reurbanización, según las condiciones de la Ley de Tierras Excedentes de California, como parte de un plan aún en desarrollo para utilizar los ingresos de la transacción para construir o comprar un nuevo complejo de Ayuntamiento.

Sin embargo, la propiedad de Ash Street fue el único bloque que atrajo el interés de los desarrolladores. En ese momento, la ciudad entabló conversaciones preliminares con el desarrollador Reven Capital, que propuso convertir el edificio de oficinas en viviendas subsidiadas. La ciudad rompió su relación con la firma en abril, citando un estancamiento en las negociaciones.

Desde entonces, San Diego ha estado preparándose para poner nuevamente en el mercado los cinco bloques. Actualmente está esperando que la firma de planificación urbana U3 Advisors termine su visión general para los bloques del centro. Se espera que el trabajo del consultor se complete a finales de este año.

Mientras tanto, tres entidades separadas se presentaron con propuestas no solicitadas de viviendas de bajos ingresos o viviendas de apoyo para la propiedad de Ash Street, dijo Goldstone.

Dos de las propuestas son para viviendas asequibles, con postores que buscan convertir la torre de oficinas de 21 pisos en un edificio residencial con el 100% de las unidades reservadas para hogares de bajos ingresos. La tercera propuesta es para viviendas de apoyo, es decir, viviendas para personas sin hogar que incluyen servicios de apoyo.

No está claro si alguno de los nuevos postores ha descubierto cómo hacer que sus proyectos de conversión sean financieramente viables.

Los proyectos de vivienda asequible, por definición, dependen de una combinación de subsidios locales, estatales y federales, incluidos los créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos, para crear viviendas para familias de bajos ingresos que ganan el 80% o menos del ingreso medio del área. Los desarrolladores están obligados, por las restricciones asociadas a los subsidios, a restringir las unidades asequibles en función de los ingresos del hogar. También deben alquilar las unidades a tarifas por debajo del mercado, fijadas por agencias gubernamentales, con una renta que generalmente no supera el 30% de los ingresos del hogar. Normalmente, cuanto mayor es el nivel de asequibilidad del proyecto, mayor es el subsidio necesario.

La incertidumbre sobre la capacidad de Reven para asegurar los créditos fiscales, que son competitivos y solo pueden solicitarse una vez que los planes estén finalizados, complicó las conversaciones del ahora eliminado desarrollador con la ciudad.

San Diego considering 3 low-income housing proposals for 101 Ash St.