El Distrito Escolar Unificado de Cajon Valley, en el Este del Condado, es la última adición a un grupo pequeño pero creciente de distritos que buscan exigir a los empleados que informen a los padres sobre posibles cambios en la identidad de género de sus hijos, una decisión que parece desafiar una nueva ley estatal de California.
En su primera reunión del año escolar el martes, los cinco miembros de la junta votaron por unanimidad para ampliar lo que ellos llaman la carta de derechos de los padres de los niños en el distrito.
Una adición establece el derecho de los padres a revisar los planes de estudio escolares. Otra permite a los padres impugnar libros en las bibliotecas escolares.
Pero tales elementos parecían ser secundarios ante la larga fila de asistentes que esperaban comentar sobre la propuesta.
En el corazón del esfuerzo está la estipulación de que los administradores escolares deben informar a los padres si los estudiantes menores de 12 años cambian su presentación de género o identidad, por ejemplo, al pedir que se les llame por un nombre o pronombres diferentes o al usar baños diferentes.
“Piensen en cuántos estudiantes en un distrito K-8 esto protege,” dijo Jim Miller, presidente de la junta, quien comenzó a redactar la resolución hace unos nueve meses. “¿Por qué no los protegeríamos involucrando a los padres que los criaron?”
La política crearía una excepción para cuando los funcionarios escolares crean que un estudiante corre el riesgo de ser abusado o sufrir otros daños si se informa a sus padres.
Los opositores, incluidos padres, sindicatos de maestros y defensores de la comunidad LGBTQ+, dicen que la política inhibiría las oportunidades de los estudiantes para explorar su identidad de género de manera segura y llevaría a lo que ellos llaman una revelación forzada.
“Los niños tienen derecho a salir del clóset con nosotros y con quien quieran cuando estén listos para hacerlo,” dijo Terrie Vorono, expresidente de PFLAG del Condado de San Diego, un grupo de apoyo nacional para familias LGBTQ+. “Es su responsabilidad, su derecho, su privilegio compartir información con aquellos con quienes elijan compartirla.”
El mes pasado, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una legislación propuesta por el asambleísta de San Diego, Chris Ward, que impide a los distritos escolares promulgar políticas que requieran que los empleados revelen la orientación sexual o identidad de género de un estudiante sin su consentimiento. Esa ley invalidará cualquier política escolar existente una vez que entre en vigor el 1 de enero.
En una declaración, Ward dijo que la ley “impide que los distritos escolares obliguen a los educadores a revelar forzosamente la identidad de los estudiantes” y ayuda a consolidar las directrices previas del distrito.
La ley también protegerá a los maestros que no hagan cumplir esas políticas de notificación de género, añadió Ward.
Esto sucede mientras más distritos escolares de California emergen como campos de batalla sobre la identidad de género y la privacidad.
En mayo, el Distrito Escolar Unificado de Lakeside aprobó su propia carta de derechos de los padres para notificar a los padres sobre las acciones del distrito relacionadas con lo que llama “transición sexual.”
Andrew Hayes, quien preside la junta de Lakeside y se postula para la Asamblea estatal, dice que el distrito aún está implementando su plan, pero también está buscando unirse a la demanda en curso de dos maestros que impugnan la política del Distrito Escolar Unificado de Escondido que les prohíbe notificar a los padres. Un juez federal ha bloqueado temporalmente la política de Escondido.
“Estamos analizando todas las opciones para no violar la ley y proteger el distrito, pero también estamos haciendo las preguntas correctas,” dijo Hayes al Union-Tribune. “Nuestros padres están muy preocupados por esa (ley).”
El tema ya se está debatiendo en los tribunales de todo el sur de California.
El año pasado, el Fiscal General de California, Rob Bonta, demandó al Distrito Escolar Unificado de Chino Valley por una política que requiere que el personal escolar informe a los padres sobre cambios en la presentación de género de su hijo, argumentando que infringe los derechos de los estudiantes a la privacidad y a la protección contra la discriminación. Un juez bloqueó temporalmente la política mientras la demanda está pendiente.
Durante la reunión del martes en Cajon Valley, muchos opositores también expresaron sus preocupaciones sobre posibles litigios debido a la nueva política del distrito y los posibles costos para los contribuyentes y la educación de sus hijos.
“Estoy de acuerdo en que los padres tienen derecho a saber muchas cosas,” dijo Dennis Nicely, copresidente de GLSEN San Diego. “Pero también hay derechos que los estudiantes tienen por ley.”
Preguntado sobre la posibilidad de litigios, Miller dijo que tuvo en cuenta la nueva legislación estatal y el litigio existente al crear la nueva política del distrito, la cual, según él, difiere en algunos aspectos clave que podrían protegerla de desafíos legales. Por ejemplo, la política del distrito se aplica a los administradores, no a los maestros o al personal clasificado, y se centra en los niños menores de 12 años.
También dijo que la ley deja margen para la interpretación de tales políticas de notificación, y sugirió que el distrito podría ajustar su política si es necesario para cumplir con la ley cuando entre en vigor, como está previsto, en enero.
El superintendente David Miyashiro se negó a decir si apoyaba la resolución.
La resolución del martes no es la única batalla legal potencial en la que Cajon Valley se ha involucrado con sus políticas sobre temas LGBTQ+.
El mes pasado, una investigación del departamento de estado descubrió que el plan de estudios de salud sexual del distrito discrimina a las personas LGBTQ+ al omitir las instrucciones básicas requeridas por ley sobre temas LGBTQ+ y de género.
El estado ha exigido al distrito que presente pruebas específicas antes del 1 de enero de que su plan de estudios contiene los componentes requeridos.
Y el año pasado, el distrito abandonó su contrato para los servicios de salud mental para estudiantes debido a la objeción de un miembro de la junta a los servicios separados de la organización sin fines de lucro para los jóvenes LGBTQ+ en general en el condado.
Original story :
Despite new state law, East County school district adopts gender parental-notification policy